Una mirada católica y diferente sobre el aborto.

Católicas por el Derecho a Decidir-Perú

Se estima que en el Perú diariamente se producen más de mil abortos clandestinos, la mayoría en condiciones insalubres e inseguras. Hasta hoy el debate alrededor del aborto se ha centrado principalmente en cuestiones morales sancionadoras, y ha dejado de lado un abordaje integral desde la salud pública y los derechos humanos.

¿Quiénes se han encargado de criminalizar a las mujeres que abortan por diferentes circunstancias?

Históricamente, el sector oficial de la Iglesia Católica, representado por jerarcas y el Vaticano, siempre tuvo una postura represora y condenatoria sobre temas vinculados a la sexualidad. Siglos de influencia especialmente sobre la población latinoamericana generaron un proceso de dominación con ideas que reforzaban la subordinación de la mujer que, apoyados desde los Estados, sostuvo el patriarcado de manera hegemónica como una forma de dominación y control sobre las mujeres; e hicieron creer que es algo “natural”.

Desde allí, tanto la jerarquía como distintos grupos conservadores, religiosos y laicos, se han adaptado para influir en temas de política sexual; han logrado alianzas y se encargan de “satanizar” el debate sobre el aborto, para lo cual han colocado atribuciones de pecado y delito sobre las mujeres y han obstaculizado avances en política pública y en una legislación no penalizadora.

En la historia de la Iglesia Católica no existe una sola postura sobre el aborto

Los textos bíblicos no hacen referencia explícita al aborto de manera condenatoria. Así mismo, en la tradición de la Iglesia Católica nunca ha habido una sola postura sobre el aborto, por ejemplo,

“Según la ley el acto del aborto no se considera homicidio, porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación, ya que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos” (San Agustín).

“El aborto en las primera etapas no es homicidio pues ésta (la hominización) ocurre 40 días después de la concepción en varones, y 80 días después en mujeres” (Santo Tomás de Aquino).

La posición actual de la jerarquía de la Iglesia Católica condena la práctica del aborto junto con la anticoncepción, porque en ambos casos se separa la unión sexual de la procreación y, por lo tanto, ambos actos se consideran pecaminosos.

Si una mujer católica aborta, no puede ser excomulgada

La normatividad interna de la Iglesia Católica, denominado Código del Derecho Canónico, señala algunas situaciones por las que no se puede excomulgar a las mujeres que abortan. Estas son: 1) cuando una mujer es menor de 16 años, 2) cuando actuó presionada por miedo, 3) cuando actuó por evitar un grave daño, 4) cuando ignoraba que infringía una ley, 5) cuando actuó en legítima defensa, 6) si actuó por violencia o de manera accidental, 7) cuando la mujer carecía de razón o sufría alguna deficiencia mental (Canon 1323)

Por ello, se puede afirmar que la jerarquía católica atenta contra la tradición y contra el Evangelio cuando, sin considerar estas excluyentes, condena a todas las mujeres que abortan e influye en las políticas públicas del país, para penalizar la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia.

La tradición católica nos permite afirmar que las mujeres tienen autoridad moral para decidir sobre su vida, su sexualidad y su reproducción, sin dejar de ser católicas. Las enseñanzas morales, incluida la decisión de practicarse un aborto, no son infalibles, es decir, se prestan a discusión y no son considerados dogmas. La tradición acepta diversas formas de interpretar y valorar la conducta de los fieles católicos, tomando en cuenta las circunstancias.

Frente a un dilema moral las católicas y católicos deben decidir de acuerdo con los dictados de su conciencia, incluso cuando sus elecciones contradigan las enseñanzas de la Iglesia Católica que no han sido declaradas dogmas.

Un Estado laico que respete pluralidad de creencias y garantice derechos

Si bien las y los legisladores y funcionarias/os públicos/as tienen sus creencias personales (religiosas o de otro tipo), no deben ni pueden imponerlas al conjunto de la población. Su papel no es imponer políticas públicas o leyes a partir de sus creencias personales, sino llevar a cabo sus funciones de acuerdo con el interés público.

Como país, necesitamos contar con gobernantes, legisladores/as y funcionarios/as públicos/as con autonomía (moral, institucional y política) de cualquier poder religioso, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, incluida la despenalización del aborto como un asunto de salud pública, justicia social y de derechos humanos.

Recordamos en esta fecha, la necesidad de atender la propuesta de modificación del actual Código Penal, en base a lo planteado por la Comisión revisora del Congreso para despenalizar el aborto por las causales de violación y cuando el feto presenta malformaciones graves e incompatibles con la vida.Los Estados garantizan, las sociedades respetan y las iglesias no interfieren

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú

Lima, 28 de setiembre de 2010

Razón,fe y placer: una apuesta políticapor derechos en igualdad

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